El sector gremial llevó a cabo un ampliado nacional en la ciudad de Santa Cruz, específicamente en la zona de Alto San Pedro, donde se reunieron representantes de varios departamentos para discutir la situación económica del país y las acciones a seguir tras el incendio que impactó la Feria Barrio Lindo.
César Gonzales, ejecutivo nacional de los gremiales, mostró su solidaridad hacia los comerciantes afectados y mencionó que se buscará coordinar reuniones con autoridades para encontrar soluciones adecuadas. "Estamos en alto San Pedro, preocupados por el impacto del dólar y la escasez de diésel, además de lo sucedido en Barrio Lindo. Les enviamos nuestra solidaridad para que puedan recuperarse pronto", señaló.
Durante el ampliado, los líderes gremiales señalaron que han observado que en ocasiones anteriores, mercados que sufrieron incidentes no recibieron respuestas efectivas. Gonzales expresó su deseo de que la situación de Barrio Lindo no se convierta en una simple promesa sin acción. "Hemos visto que muchos casos han quedado solo en palabras, esperamos que el caso de Barrio Lindo no siga ese mismo camino", lamentó.
Adicionalmente, el encuentro abordó otros temas críticos como la fluctuación del dólar, la escasez de combustibles y el contrabando. Gonzales criticó la labor del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, afirmando que los controles en los depósitos aduaneros son deficientes. "Estamos enfrentando problemas con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, ya que las mercancías ingresan por esos lugares y no se toman medidas", explicó.
Otro aspecto importante discutido por la Confederación de Gremiales de Bolivia fue la propuesta de reducir el número de funcionarios públicos. Gonzales anunció que pronto se presentará un proyecto de decreto supremo que busca bajar la plantilla de 600 mil a 480 mil trabajadores del Estado. "El proyecto está listo y se presentará en los próximos días con la firma del Comité Ejecutivo Nacional", detalló.
Además, se trataron las dificultades relacionadas con la calidad del combustible, específicamente lo que han llamado "gasolina basura". Gonzales hizo un llamado a investigar las responsabilidades por el daño económico que esta situación ha causado a los vehículos y familias bolivianas. "Quienes estén involucrados en la compra y contratación de estos carburantes que han perjudicado la economía deben asumir las consecuencias", concluyó.
El ampliado nacional sigue en desarrollo, con la participación de representantes de distintas regiones del país, mientras se definen próximas acciones y demandas ante las autoridades.
