La FAM-Bolivia reafirmó que el reciente aumento en el precio del diésel no debe ser el único factor considerado para una posible elevación de las tarifas del transporte público. Esta afirmación fue realizada en una conferencia de prensa donde se explicó que el costo del combustible representa solo una parte de la estructura de costos total.
Jhonny Torres, presidente de la FAM, explicó que el combustible ocupa aproximadamente un 30% de los costos de operación, y que otros elementos como salarios de los conductores, mantenimiento y repuestos también son fundamentales. Por lo tanto, cualquier ajuste tarifario debe ser resultado de un análisis exhaustivo que involucre a la comunidad.
Torres destacó que la Ley General de Transporte 165 estipula que los aumentos tarifarios deben considerar no solo los costos operativos, sino también aspectos de calidad, seguridad y la situación económica de los usuarios. La ley demanda que la autoridad correspondiente realice estudios de costos para fundamentar cualquier nueva tarifa.
Un ejemplo citado por Torres fue la Ley Municipal 117 de Tarija, que establece que cualquier modificación en las tarifas necesita ser respaldada por un estudio del Gobierno Municipal, tomando en cuenta la situación económica de la población y los comentarios de la sociedad civil.
El líder municipal enfatizó que cada municipio tiene la responsabilidad de aplicar su normativa local, promoviendo la participación tanto de transportistas como de pasajeros en el proceso de reajuste. "Si hay un acuerdo de la sociedad civil y el transporte, esa es la tarifa por un acuerdo social", afirmó Torres.
Esta declaración de la FAM surge tras la eliminación de la subvención estatal al diésel, medida anunciada el 18 de septiembre, que ha despertado un intenso debate sobre su impacto en los costos del transporte público del país.
