La reciente eliminación de la subvención al diésel ha impulsado a las organizaciones dedicadas al contrabando a modificar sus tácticas. Según el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ahora se están enfocando en la gasolina, aprovechando vehículos con sistemas de Gas Natural Vehicular (GNV) para acaparar el combustible y canalizarlo hacia el mercado ilegal.
Esta nueva modalidad se descubrió gracias al monitoreo en tiempo real realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). A través del análisis B-SISA, se encontró que mientras un auto de transporte público consume en promedio 110 litros de gasolina al mes, algunos vehículos GNV reportaban consumos injustificados de hasta 337 litros, más del triple del promedio habitual.
Medidas de control y advertencias
Durante una presentación sobre el nuevo sistema de inhabilitación digital de placas, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, advirtió a los infractores: "Advertimos a los usuarios que los estamos vigilando. Vehículo que presente consumo irracional será bloqueado del sistema y los conductores o propietarios serán remitidos al Ministerio Público".
El sistema B-SISA ha permitido a la ANH aplicar bloqueos preventivos sobre vehículos que presentan patrones de consumo sospechosos. A su vez, para fomentar la legalidad en la importación de combustibles, se han reducido los plazos de autorización a 48 horas, lo que ha permitido la emisión de 37 nuevas licencias de comercialización y uso propio en septiembre.
Consecuencias legales para infractores
El contrabando de combustible no solo afecta a los conductores, sino también a los distribuidores. El viceministro Yamil García informó sobre las consecuencias legales bajo el Artículo 226 Bis del Código Penal, que establece: penas de 3 a 6 años de prisión para quienes almacenen o vendan carburantes sin autorización y de 2 a 4 años para aquellos que compren combustible del mercado negro.
Además, se prevé la incautación de bienes, incluyendo vehículos y herramientas utilizados para cometer el delito, así como la pérdida definitiva de licencia para estaciones de servicio complices en la reducción de volúmenes o en el desvío de hidrocarburos.
Hasta el momento, las acciones de fiscalización han resultado en la aprehensión de 31 personas, la incautación de 24 vehículos y la identificación de 8 automóviles con tanques manipulados. Con estas medidas, las autoridades han conseguido detener el desvío de más de 14,43 millones de litros de combustible en el primer mes de intervención.
