El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz ha comenzado a intensificar los controles sobre las ambulancias que prestan servicios de transporte de pacientes, en coordinación con la Unidad Operativa de Tránsito. El objetivo de estos operativos es identificar y sacar de circulación a las unidades que no cuentan con la autorización correspondiente.
Iván Boker, responsable del Centro Coordinador de Emergencia en Salud Departamental, destacó que la finalidad de estas medidas es asegurar que las ambulancias que transportan pacientes cumplan con los requisitos y condiciones exigidas para ofrecer este tipo de servicios.
"Estamos intensificando estos operativos para sacar de circulación aquellas ambulancias que no cuentan con Resolución Administrativa".
Boker también mencionó que el Sedes recibe frecuentes denuncias sobre ambulancias que operan sin la debida autorización. Muchas de estas unidades trasladan pacientes a clínicas y otros centros de salud privados, lo que es excluido por la normativa actual.
Las clínicas privadas no pueden trabajar con ambulancias que no estén debidamente acreditadas por el Sedes. Debe asegurarse que el transporte de pacientes se realice en vehículos que cumplan con las normas necesarias para garantizar la salud de los trasladados.
Para garantizar la seguridad de la población, Boker explicó que existen mecanismos para que los ciudadanos verifiquen si una ambulancia está habilitada. Una de estas herramientas es un código QR que se encuentra en el parabrisas de las ambulancias autorizadas, permitiendo a los usuarios comprobar su estado.
Asimismo, Boker hizo un llamado a los propietarios de ambulancias que aún no hayan regularizado su situación ante el Sedes, instándolos a realizar los trámites necesarios. Resaltó que operar sin la autorización adecuada puede representar riesgos graves para la salud de la comunidad.
Según la normativa vigente, las ambulancias que operen sin autorización pueden enfrentarse a sanciones administrativas, que pueden ir desde suspensiones temporales hasta la revocación definitiva de su permiso de operación. Asimismo, los casos pueden ser llevados a las instancias correspondientes por atentar contra la salud pública.
