Los pueblos indígenas de Pando han dado un ultimátum al Gobierno para que se retire la maquinaria de minería que trabaja en el río Madre de Dios, la cual ha generado serios problemas de contaminación. Este plazo finalizará el 30 de septiembre de 2026, debido a la falta de respuesta a una demanda presentada en julio de 2025.
La Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap) y el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) han recurrido al Juzgado Agroambiental para solicitar medidas preventivas contra la minería ilegal que afecta 184 kilómetros del río.
Carlos Fernández Tuno, líder de Cipoap, advirtió que si el Estado no toma medidas adecuadas, se podrían generar conflictos. También enfatizó que es fundamental proteger el ecosistema del río, que es vital para sus comunidades.
Un informe del Tribunal Agroambiental confirmó la existencia de daños graves en el entorno, incluyendo la alteración del cauce del río y la pérdida de más de 8.000 hectáreas de bosque. Se estima que en la región operan 203 dragas, de las cuales solo 23 tienen permisos temporales.
Investigaciones de distintas universidades reportaron niveles alarmantes de mercurio en la población local, alcanzando hasta 114 ppm en la comunidad de El Tigre, muy por encima del límite permitido por la OMS. Ruth Alipaz, de Contiocap, mencionó señales del síndrome de Minamata debido al uso del mercurio en la minería.
El sector minero, por su parte, argumenta que sus operaciones son legales y que la contaminación proviene de la minería ilegal de Perú. Percy Cárdenas, de Asobal, defendió la actividad minera destacando la creación de empleos y beneficios para las comunidades ribereñas.
La senadora Carolina Giese hizo hincapié en que el 90% de la minería en TIM II es ilegal y ha gestionado ante el Gobierno la realización de operativos para mitigar la contaminación, subrayando la urgencia de atender la situación que afecta a las comunidades indígenas de la región.
