Óscar Mario Justiniano, titular del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, ha señalado que Bolivia dejó de recibir un financiamiento de $us 500 millones destinado a proyectos medioambientales. Según el ministro, la falta de acciones concretas en la defensa del medio ambiente y la lucha contra los incendios ha sido clave en esta situación.
Justiniano menciona que la pérdida de estos recursos se debe a una imagen negativa que se generó en torno a la ideología de la Pachamama y la mercantilización de los recursos naturales. A pesar de que países estaban dispuestos a aportar a Bolivia, se necesitaban compromisos claros por parte del Gobierno.
Para revertir esta situación, el Gobierno está preparando una serie de normativas, incluyendo una ley marco que facilitará el financiamiento climático. Esta ley establecerá los procedimientos para que el mundo sepa cómo se canalizarán los fondos.
Además, se está trabajando en un sistema de bonos de carbono que permitirá a Bolivia atraer empresas certificadoras para que presenten proyectos serios en relación a la captura de carbono. Las toneladas de carbono capturadas se podrán vender a países o empresas interesadas.
Ejemplo de éxito en Charagua Iyambae.
En Charagua, las comunidades han logrado certificar la captura de cerca de 18 millones de toneladas de carbono en los últimos tres años, lo que podría traducirse en un ingreso potencial de entre $us 250 millones y $us 300 millones. Este dinero se destinaría a mejorar la calidad de vida de la población mediante acceso a agua potable, educación y salud.
Sin embargo, Bolivia enfrenta el desafío de los avasallamientos en sus tierras. Justiniano identificó tres tipos de avasallamientos: el primero afecta las propiedades privadas de los productores, el segundo a comunidades indígenas, y el más grave involucra áreas protegidas como el Parque Madidi.
Las acciones del Gobierno deben ser coherentes y sostenidas a lo largo del tiempo, independientemente de quién esté en el poder. Se requiere un compromiso a largo plazo de políticas ambientales que protejan los recursos naturales para las futuras generaciones.