Este jueves, varias organizaciones sociales de Yapacaní, incluyendo a grupos interculturales y representantes del transporte organizado, llevaron a cabo una manifestación que culminó en un cabildo. Su principal objetivo fue expresar su descontento con el Decreto Supremo 5676, que establece que los grandes consumidores de diésel deberán pagar 18 bolivianos por litro de combustible.
Durante la reunión, los participantes acordaron una resolución con tres demandas clave. En primer lugar, rechazaron el aumento del precio del diésel, argumentando que este impacto perjudicará a la economía local y afectará principalmente a las familias más vulnerables y a los pequeños productores.
En segundo lugar, exigieron que el Gobierno anule el decreto en un plazo de 48 horas hábiles. Además, advirtieron que si sus exigencias no son atendidas, activarán medidas de presión, que podrían incluir bloqueos de caminos y la toma de pozos petroleros.
Por último, los organizadores del cabildo solicitaron la renuncia del actual Gobierno si no demuestra la capacidad de enfrentar y resolver los problemas estructurales que afectan al país.
