La falta de diésel continúa siendo un problema grave para los sectores productivos y de transporte en el país. Transportistas han manifestado su preocupación debido a que las largas filas en las estaciones de servicio no han disminuido, lo que refleja que los compromisos del Gobierno no han logrado solucionar el desabastecimiento.
El transporte pesado, tanto nacional como internacional, ha dado un ultimátum de 15 días al Gobierno de Rodrigo Paz para que presente respuestas claras ante la crisis del combustible y el deterioro de las carreteras.
Los dirigentes del sector han señalado que han enviado ya cuatro cartas al presidente y solicitan una inspección técnica de las vías, con la participación de un notario que dé fe pública. Domingo Ramos, uno de los líderes del sector, advirtió que si no se atienden sus demandas, se verán obligados a tomar medidas más severas, incluyendo la declaración de quiebra nacional.
Ramos afirmó, "no vamos a pagar peajes, impuestos ni a los bancos", subrayando que tanto la falta de combustible como las malas condiciones de las carreteras están afectando seriamente su actividad.
Además, los transportistas contemplan la posibilidad de iniciar acciones legales contra los funcionarios de los ministerios de Obras Públicas, Economía e Hidrocarburos, argumentando un incumplimiento de sus deberes debido a la falta de respuesta a sus preocupaciones.
Se estima que en Bolivia hay más de 12.000 transportistas, de los cuales cerca del 60% se ven perjudicados por la escasez de combustible.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha exigido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos que proporcionen información y tomen medidas para regularizar el suministro de diésel, ya que han solicitado respuestas sobre este problema sin obtener la información necesaria.
En el contexto de esta crisis, la Policía ha informado sobre la incautación de 5.000 litros de diésel que se estaban transportando de manera ilegal hacia Guanay. El combustible, que provenía de Caranavi, fue trasladado en un camión Nissan Cóndor cuyo conductor fue detenido por no tener la documentación adecuada. Ahora, el caso está en manos del Ministerio Público para investigar si este diésel estaba destinado a actividades ilegales o contrabando.
Mientras tanto, los transportistas continúan presionando al Gobierno para ser convocados en el plazo establecido y así evitar nuevas acciones de protesta.
