El abogado ambientalista, Rodrigo Herrera, ha expresado su preocupación por la grave situación que enfrenta Bolivia debido a los incendios forestales. Según él, es imperativo que las autoridades cumplan con las normativas existentes y se eliminen las denominadas 'leyes incendiarias' que fomentan estas prácticas.
Herrera recordó que desde 2024 se implementó una pausa ecológica a través de una sentencia agroambiental, la cual prohíbe el uso del fuego con el objetivo de prevenir nuevos incendios. Sin embargo, el abogado lamentó que esta medida no esté siendo respetada, ya que se han reportado tres incendios confirmados hasta la fecha.
"La pausa ecológica debe obligar a todos los actores involucrados a cesar el uso del fuego y a evitar iniciar incendios. La situación es alarmante", afirmó Herrera.
El especialista exigió que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) intensifique sus esfuerzos de control y actúe de inmediato para detener los focos de incendio. También mencionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado en 2025 al Estado boliviano para que derogue las leyes que, según diferentes sectores, fomentan las quemas.
"Ese informe identificó a los responsables de los incendios y recomendó la derogación de estas normativas. Han pasado dos años y no hemos visto avances significativos en la Asamblea Legislativa", agregó.
Entre las normas cuestionadas se encuentran al menos diez leyes y decretos, siendo la Ley 741 una de las más preocupantes. Herrera explicó que esta ley, vigente desde 2015, permitió ampliar el uso del fuego a 20 hectáreas sin necesidad de autorización, a diferencia de las cinco hectáreas que se permitían anteriormente.
Asimismo, Herrera indicó que hay tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que buscan eliminar este marco normativo y solicitó el apoyo de los legisladores para avanzar en esta cuestión.
Finalmente, hizo un llamado a las instituciones encargadas de investigar estos incidentes para que apliquen la ley contra aquellos que causen incendios. "La ABT debería estar identificando a los responsables y tomando acciones, mientras que la Fiscalía debe actuar para llevar a estos individuos ante un juez y pedir penas de hasta ocho años de prisión", concluyó.
