La pausa ambiental ha vuelto a ser un tema de controversia entre los productores de la Amazonía boliviana, quienes solicitan que se establezcan regulaciones diferenciadas que reflejen las particularidades de cada departamento. Representantes de Beni y Pando argumentan que la normativa debe ser más adaptativa a las condiciones locales.
Roger Quesada, presidente de la Asociación Agroindustrial de Productores de Pando, sostiene que las áreas productivas no son comparables. "No es lo mismo lo del Beni que lo de la Amazonía o que en Pando", enfatizó mientras criticaba la aplicación uniforme de sanciones por quemas agrícolas.
Quesada también propuso la promoción de la mecanización en la agricultura, especialmente para los pequeños productores, sugiriendo que el uso de tractores ayudaría a incorporar los restos de cultivo en el suelo para crear abono, lo cual disminuiría la dependencia de la quema como método de preparación de tierras. Mencionó un caso exitoso en el que cultivó en seis hectáreas sin recurrir al fuego.
Desde Beni, Roberto Paz, representante de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), añadió que la situación en su región es diferente debido a la fuerte actividad ganadera y al manejo de pasturas. Indicó que algunos productores realizan quemas controladas, siguiendo protocolos preventivos para evitar que el fuego se propague hacia áreas boscosas.
Paz alertó sobre las consecuencias de la pausa sin un manejo adecuado, advirtiendo que podría generar una acumulación peligrosa de material seco, aumentando el riesgo de incendios. "En dos o tres años, si sigue esta pausa, ¿qué vamos a hacer?", planteó, comparando la situación a una "cisterna de combustible al aire libre".
La pausa ambiental fue implementada para detener las autorizaciones de quemas y mitigar los efectos de los incendios forestales. Según el Decreto Supremo 5225, se suspendieron las autorizaciones emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y se prohibieron nuevas autorizaciones de quema.
El debate se centra ahora en cómo lograr la protección de la Amazonía sin aplicar una normativa única, considerando las diferentes realidades productivas de cada región. Los productores requieren un control ambiental, pero también alternativas que no perjudiquen la economía rural.
