Ollanta Humala, quien se desempeñó como presidente de Perú entre 2011 y 2016, dejó la cárcel Barbadillo este viernes después de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal su condena de 15 años por lavado de dinero, la cual había sido dictada en abril de 2025.
A su salida, Humala expresó ante los medios que él y su familia fueron víctimas de una "persecución política y judicial". En su declaración, el exmandatario también hizo hincapié en que el 15 de abril de 2025, fecha de su sentencia, se sintió como si hubiera sido "secuestrado por el Estado". Además, negó haber recibido aportes de campaña de Venezuela o Brasil.
Durante su encarcelamiento, su esposa, Nadine Heredia, se vio obligada a buscar asilo en Brasil, y sus hijos tuvieron que salir del país debido a la situación. Humala también denunció que su detención fue una medida extrema que produjo un gran daño a su familia.
Al momento de su liberación, fue recibido por simpatizantes en las afueras de la prisión, junto con sus abogados y colegas de su partido. La decisión de liberarlo fue tomada por un juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien atendió la solicitud de los representantes legales del exmandatario para que se llevara a cabo su excarcelación de manera inmediata.
El caso que llevó a Humala a prisión se basaba en supuestos aportes no declarados de la constructora Odebrecht y otras donaciones vinculadas al chavismo en sus campañas electorales de 2006 y 2011. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que la acusación carecía de fundamento, ya que la ocultación de donaciones no estaba tipificada como delito en ese momento y no se pudo probar el lavado de activos.
Este fallo también beneficia a su esposa, Nadine Heredia, quien enfrentaba la misma condena. En respuesta a la resolución, Keiko Fujimori, actual presidenta de Perú y también beneficiada en un caso similar, afirmó que el país vive en un estado de derecho y que se debe respetar la decisión judicial.
