Este jueves, la FIFA emitió un comunicado en el que responde a las duras críticas de confederaciones como la UEFA y la Concacaf, que han manifestado su oposición unánime al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). La entidad, liderada por Gianni Infantino, reafirmó que no tiene intención de vender el fútbol ni de despojarse del control sobre su gobernanza.
En su declaración, la FIFA mostró respeto por las inquietudes expresadas públicamente, pero también lamentó que la información errónea difundida en los medios haya complicado el proceso de consulta previsto. La organización aseguró que continuará con este mecanismo para que todas las Asociaciones Miembro puedan votar basándose en información veraz.
La FIFA, además, apuntó que ninguna entidad puede pretender representar a las 211 asociaciones que la integran. La propuesta de FFE tiene como objetivo optimizar la gestión comercial de los torneos de la FIFA, generando mayores ingresos que serán redistribuidos entre todas las federaciones.
La entidad dejó en claro que el avance de este proyecto dependerá del apoyo mayoritario de las asociaciones en el próximo Congreso de la FIFA. Cada federación, de hecho, podría recibir 20 millones de dólares a través del programa FIFA Forward (2027-2030), además de un programa adicional llamado Fast Forward, igualmente de 20 millones, que sería voluntario y financiado por inversiones externas.
La FIFA enfatizó que mantendrá el control exclusivo sobre los calendarios, reglamentos y decisiones deportivas. En su comunicado, la organización aseguró que la iniciativa FFE se implementará solo si cuenta con el respaldo de la mayoría en el Congreso, dejando claro que la privatización de los derechos comerciales, que generó gran rechazo, no es una opción que considere válida.
La UEFA, tras una reunión virtual, firmó un manifiesto en contra de la privatización, amenazando con retirar a sus selecciones de los torneos FIFA si se persiste en esta línea. La Concacaf también expresó su desacuerdo de manera oficial, reafirmando la negativa a la propuesta inicial de vender entre un 20% y un 30% de los derechos comerciales a fondos privados.
