El Gobierno de Bolivia ha establecido la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un período máximo de 180 días. Esta decisión responde a las deficiencias observadas en las operaciones de la empresa, buscando así reforzar la cadena logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.
La intervención se formaliza a través del Decreto Supremo 5697, sancionado el 1 de septiembre, que también crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria. Esta comisión será responsable de supervisar la gestión de YPFB durante el tiempo que dure la intervención.
El plazo de intervención podrá extenderse de manera excepcional una sola vez hasta 90 días más, si las razones que llevaron a esta medida continúan vigentes. Por otro lado, es posible que la intervención finalice antes de los 180 días si se solucionan las problemáticas que la motivaron.
El decreto menciona que las deficiencias en la logística de importación y distribución de combustibles constituyen un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país. Sin embargo, aclara que esta intervención no significa la eliminación de YPFB ni la modificación de su estructura jurídica.
Composición de la Comisión de Intervención
La Comisión de Intervención estará compuesta por ministros o representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia. Su enfoque principal será la comercialización, logística y trazabilidad de combustibles.
Entre sus funciones, la comisión evaluará y propondrá auditorías a la cadena logística para detectar redes de contrabando y otras irregularidades. También tendrá la facultad de recomendar la inclusión de expertos y el apoyo de entidades estatales para mejorar la gestión.
La comisión podrá revisar todos los procesos relacionados con la importación y comercialización de combustibles, y también evaluar acciones que pudieran haber comprometido la seguridad energética. Además, podrá sugerir la remoción de funcionarios si se detectan irregularidades.
Por último, el decreto indica que el personal de YPFB deberá proporcionar la información que la comisión requiera, bajo pena de enfrentar sanciones administrativas o penales en caso de incumplimiento. Todo el proceso de intervención será financiado con los presupuestos de las instituciones que integran la comisión, sin afectar recursos del Tesoro General de la Nación.
