Con el retiro de la subvención al diésel, Bolivia cambia su estrategia en la distribución del costo de los combustibles. A partir de ahora, el Estado dejará de cubrir parte de la diferencia entre el precio internacional y el nacional, lo que significa que empresas, transportistas y consumidores pagarán más por el combustible.
El nuevo precio del diésel se ha fijado en Bs 17,95 por litro, un aumento significativo del 83% respecto al precio anterior de Bs 9,80. Este ajuste no es definitivo, ya que estará sujeto a un cálculo basado en el costo de importación y las fluctuaciones del mercado internacional.
Fernando Romero, economista, señala que esta medida podría representar un alivio para las finanzas públicas al disminuir la necesidad de subsidios. Sin embargo, resalta que este beneficio no debe interpretarse como un ahorro directo para la población, ya que el Gobierno estima que la subvención a los combustibles implica un gasto de alrededor de 55 millones de dólares semanales.
Repercusiones en el costo de vida y la economía
El incremento en el precio del diésel impactará directamente en los costos de varios sectores, incluidos el transporte, la agricultura, la minería y la construcción. Esto podría llevar a un aumento en las tarifas de flete, reducciones en márgenes de ganancia y, en última instancia, a un aumento en el precio de los productos.
Romero también advierte sobre el riesgo de una "inflación de costos", donde el incremento en el precio de los combustibles podría generar un efecto en cadena, elevando los precios de bienes esenciales y afectando más severamente a las familias de bajos ingresos.
Francesco Zaratti, experto en energía, destaca que el nuevo precio de Bs 17,95 es solo el inicio. El Decreto Supremo 5716 establece un método que conecta directamente el precio del diésel con el costo internacional y el tipo de cambio, lo que podría llevar a tarifas más ajustadas a la realidad del mercado.
Si bien esta medida busca reducir el contrabando y la reventa de combustible subsidiado, también significa que cualquier aumento en el precio internacional del petróleo podría trasladarse al consumidor boliviano. Gonzalo Chávez subraya que este cambio expone a la población a las fluctuaciones del mercado internacional, lo que podría resultar en mayores costos.
El éxito de esta reforma dependerá de cómo se gestionen los ahorros generados por la eliminación de la subvención. El Gobierno ha prometido que los recursos resultantes se utilizarán en medidas sociales y de infraestructura, pero los economistas advierten que es crucial ver cómo se distribuyen estos fondos para evitar un impacto negativo en el poder adquisitivo.
