El reciente pacto entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha generado inquietud acerca de las posibles consecuencias que tendrán las reformas económicas en la economía de los bolivianos, en especial en lo que respecta al precio de los combustibles.
Este programa de financiamiento incluye aproximadamente $us 1.900 millones por un periodo de 36 meses y tiene como objetivo apoyar el plan de reformas del Gobierno. Según lo indicado por el FMI, el acuerdo implica una consolidación fiscal, una racionalización del gasto, la modernización del régimen cambiario y la eliminación de distorsiones en varios mercados. Asimismo, se contemplan medidas de protección social para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables.
La preocupación principal gira en torno al precio del combustible. En las últimas semanas, diversos sectores productivos y cívicos han vinculado el aumento del costo del diésel a los compromisos establecidos con el FMI. Esta controversia se intensificó cuando el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, mencionó que un incremento en el precio del diésel podría ser una "condición" del organismo, aunque luego se retractó de sus declaraciones.
El Gobierno, por su parte, asegura que el Decreto 5676 y el precio de Bs 18 para grandes consumidores son decisiones autónomas y no directrices impuestas por el FMI. Sin embargo, los críticos advierten sobre un posible efecto en cadena, que podría llevar a un aumento en los precios de los alimentos, dado que un alza en el combustible incide en los costos de producción y transporte.
La controversia se complica aún más, ya que algunos legisladores han señalado que el proyecto enviado a la Asamblea Legislativa carece de documentos y metas claras que se habían acordado. Se ha solicitado acceso a la Carta de Intenciones, así como al Memorando de Políticas Económicas y las metas fiscales, monetarias y de reservas antes de autorizar el financiamiento.
Bolivia se encuentra en la posibilidad de recibir $us 1.900 millones como apoyo financiero, pero la interrogante que empieza a surgir en la sociedad es: ¿cuánto impactará realmente el ajuste en el bolsillo del ciudadano cuando se traduzca en aumentos de precios desde el surtidor hasta el plato?
