En lo que va de 2025, Florida ha ejecutado a 14 personas, más que cualquier otro estado en Estados Unidos. Esto ocurre en un contexto donde el gobierno de Ron DeSantis ha reactivado la pena capital tras un periodo de disminución en las ejecuciones.
Con el caso de Harold Gene Lucas, de 74 años, quien fue ejecutado tras pasar 50 años en el corredor de la muerte, se marca una nueva etapa en la aplicación de la pena de muerte en el estado. Lucas fue condenado en 1976 por el asesinato de Jill Piper, una adolescente de 16 años, y la ejecución se llevó a cabo el 1 de septiembre en la prisión estatal de Florida.
Las cifras muestran que Florida ha llevado a cabo más ejecuciones en el presente año, y su total de 19 en 2025 lo convierte en el estado con más ejecuciones desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. A pesar de la creciente controversia, Florida se mantiene firme en su postura, a diferencia de otros estados que han optado por abolirla.
Maria DeLiberato, abogada especializada en la defensa de condenados a muerte, señala que Florida va "contracorriente" en comparación con la tendencia nacional. A pesar de que la mayoría de los estadounidenses se opone a la pena capital, Florida ha acelerado su aplicación bajo el mando de DeSantis.
El gobernador ha tomado decisiones que han facilitado las ejecuciones, como reducir los requisitos de votación para los jurados que deciden la pena de muerte. DeSantis también ha impulsado leyes que pueden llevar automáticamente a la pena capital a inmigrantes indocumentados culpables de delitos graves.
A pesar de las críticas y la creciente oposición, DeSantis sigue defendiendo la pena de muerte como un castigo necesario para los crímenes más atroces. Sin embargo, esto ha llevado a un aumento de la preocupación entre activistas y defensores de los derechos humanos, quienes advierten sobre la posibilidad de condenas erróneas.
La comunidad religiosa, incluidos los obispos de Florida, se ha manifestado en contra de la pena de muerte, argumentando que existen formas efectivas de castigar sin recurrir a la ejecución. A medida que se aproxima la próxima ejecución, la presión sobre el gobernador para que revise sus políticas se intensifica.
