El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha dado a conocer un plan de acción luego de un encuentro entre el ministro José Gabriel Espinoza y familias que han adquirido terrenos en diferentes urbanizaciones del país. Esta reunión, realizada el 30 de julio, resultó en una hoja de ruta que se implementará para atender las inquietudes de los afectados.
El plan incluye tres pasos fundamentales: una revisión técnica y legal de los contratos, la entrega de documentación por parte de las familias y la creación de una mesa de diálogo con las empresas desarrolladoras y los propietarios de las urbanizaciones. La primera acción se llevará a cabo el 31 de julio en Santa Cruz, donde se evaluarán los casos bajo los principios de la Ley N.º 453, que protege los derechos de los consumidores.
Durante la segunda fase, se espera que las familias envíen copias de sus contratos y toda la documentación necesaria para permitir un análisis detallado de cada situación. El comunicado enfatiza que esta revisión se realizará de manera individual, dado que existen diversas modalidades contractuales que requieren un enfoque específico.
La tercera acción programada es la instalación de una mesa de diálogo el 3 de agosto, en la que participarán el Ministro de Economía, otros funcionarios del Gobierno, y representantes del sector inmobiliario. El objetivo es crear un espacio donde se puedan encontrar soluciones equilibradas, priorizando la sostenibilidad de los planes de pago y el respeto por los derechos de todos los involucrados.
El Gobierno ha reafirmado su compromiso de actuar conforme a la ley para garantizar seguridad jurídica y proteger los derechos de las familias. Se evitarán prácticas que puedan generar condiciones de pago desproporcionadas, destacando la importancia de la buena fe y el equilibrio en las relaciones de consumo.
Por otro lado, la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) también ha emitido su postura sobre la situación. A través de un comunicado, la CBDI reconoció la preocupación de las familias afectadas, pero subrayó que cualquier solución debe ser fruto del diálogo y debe respetar la seguridad jurídica. Su director, Carlos Baldivieso, remarcó que los contratos deben cumplirse como se pactaron, aunque cada caso que involucre pagos en moneda extranjera debe ser analizado de forma individual.
La CBDI también advirtió sobre los posibles impactos del nuevo régimen cambiario en la inversión y el empleo, resaltando que el sector inmobiliario es crucial para la generación de miles de empleos y para la economía en su conjunto. Afirmaron que la certeza jurídica es esencial tanto para las familias que buscan adquirir vivienda como para las empresas que desarrollan proyectos a largo plazo.
