Recientemente, un estudio ha cuestionado las medidas económicas implementadas por el Gobierno de Rodrigo Paz, especialmente tras el anuncio de la eliminación de la subvención al diésel. Según el análisis, el impacto real de estas medidas en los sectores populares sería de apenas un 17%. Este cálculo se realizó al asignar un porcentaje de efectividad a diez acciones promovidas por el Ejecutivo y promediarlas, aunque no se trata de una evaluación oficial.
Las medidas en cuestión incluyen el Bono Pepe 2, el aumento del Juancito Pinto a Bs 300, y la Renta Dignidad que ahora es de Bs 500, entre otras. El estudio señala que algunas de estas iniciativas se encuentran efectivamente dentro del plan del Gobierno.
Porcentaje de Efectividad Asignado a las Medidas
- Bono Pepe 2: 20%
- Juancito Pinto: 5%
- Renta Dignidad: 30%
- Bonos para familias sin aportes: 15%
- Salario mínimo: 10%
- Créditos productivos: 25%
- Perdonazo tributario: 5%
- Plan de enlosetado: 45%
- Desregulación de importación de diésel: 10%
- Devolución de depósitos en dólares: 5%
El análisis revela que al sumar estos porcentajes se obtiene un total de 170%, lo que al dividirlo entre las diez medidas resulta en el mencionado 17%. A pesar de esto, el Gobierno ha presentado estas acciones como una forma de redistribuir recursos derivados de la eliminación de la subvención.
El Bono Pepe 2, por ejemplo, contempla un monto de Bs 874 millones destinado a aproximadamente 2,9 millones de personas. Además, el Gobierno ha proyectado créditos que varían entre Bs 50.000 y Bs 400.000, así como un plan de enlosetado que se espera genere 18.000 empleos directos.
Sin embargo, el estudio crítico advierte que estas medidas no lograrían mitigar el efecto del aumento en el precio del combustible sobre el transporte, la alimentación y los ingresos de las familias de bajos recursos. Muchos de los programas tienen un enfoque temporal o están dirigidos a grupos específicos, dejando de lado una solución más integral.
El debate se intensifica en el contexto del anuncio de Paz sobre la venta del diésel a precios internacionales, una decisión que busca liberar recursos para inversiones y protección social, aunque ha generado preocupaciones sobre su repercusión en el poder adquisitivo de la población.
