Este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra el general Álvaro López Miera, actual ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, así como sobre otros altos funcionarios y cinco empresas del sector militar de la isla.
Las sanciones se fundamentan en la participación de los sancionados en la adquisición y mantenimiento de armas y equipos militares en el extranjero, los cuales están destinados a las fuerzas armadas y de seguridad cubanas. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos, que considera a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo y una amenaza a su seguridad nacional.
La reciente medida se da tras la divulgación de un extenso informe del Departamento de Estado que detalla las actividades militares y diplomáticas de La Habana desde el triunfo de la Revolución en 1959, con especial énfasis en su relación con América Latina y el Caribe.
Este informe destaca las continuas colaboraciones del régimen cubano con naciones como Rusia y China, que son proveedores de equipamiento militar y tecnologías de vigilancia. Entre los funcionarios sancionados se encuentra el viceministro Roberto Legrá, quien ha sido acusado de participar en la compra de armamento ruso.
También fue sancionada la coronel Mónica Milián Gómez, quien actúa como agregada militar en la embajada de Cuba en Moscú, y a quien se le vincula con el presunto reclutamiento de cubanos para combatir en el conflicto de Ucrania. Otro sancionado es Waldo Pérez Cortés, agregada militar en la embajada cubana en Pekín.
Las empresas afectadas por las sanciones incluyen a Tecnoimport, Duna, Unión de Industria Militar (UIM) y la compañía Yuri Gagarin, todas ellas dedicadas a la adquisición y reparación de equipos militares.
Como resultado de estas sanciones, los individuos y entidades no podrán acceder a bienes o servicios financieros en Estados Unidos. Es importante recordar que Cuba se encuentra bajo un embargo estadounidense desde 1962, el cual se ha intensificado en tiempos recientes con restricciones casi totales al suministro de petróleo a la isla.
