El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, brindó información sobre la emergencia nacional declarada por el presidente Rodrigo Paz a raíz de los efectos del fenómeno de El Niño. Se estima que 114.048 familias en 63 municipios de seis departamentos están padeciendo la escasez de agua.
De este total, 78.217 familias están en situación de afectación, mientras que 35.831 han sido damnificadas, ya que han sufrido pérdidas directas en sus medios de vida.
Impacto en la Agricultura y la Ganadería
Justiniano enfatizó que la disminución de las precipitaciones no solo afecta el acceso al agua potable, sino que también repercute en la agricultura y la ganadería. La falta de agua complica a los productores mantener sus cultivos y alimentar a sus animales.
El ministro aclaró que hay una distinción entre las familias afectadas, que sufren las consecuencias en su vida diaria, y las damnificadas, que han experimentado pérdidas reales en cultivos o ganado.
Justiniano subrayó que el fenómeno de El Niño podría generar diferentes condiciones climáticas en diversas regiones del país. Mientras que en el Altiplano y los Valles se prevé una continuidad de la sequía, otras áreas podrían enfrentar lluvias intensas, inundaciones y la posibilidad de heladas, granizadas e incendios.
La emergencia fue oficializada el 30 de octubre, cuando el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres aprobó la recomendación de declarar la emergencia. Posteriormente, el presidente Paz firmó el Decreto Supremo 5759, que establece la Situación de Emergencia Nacional por sequía y riesgos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027.
Justiniano también mencionó que la declaratoria busca preparar al gobierno y a las comunidades para enfrentar las dificultades derivadas de este fenómeno, facilitando una respuesta más rápida y coordinada en el país.
Desde el Ministerio de Defensa, se coordinarán acciones de respuesta y gestión de riesgos con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, se están buscando mecanismos de financiamiento para asegurar recursos adicionales, aunque aún deben completarse ciertos procedimientos administrativos y financieros.
Entre las medidas a implementar se encuentran la identificación de comunidades en riesgo, la actualización de planes de contingencia y la preparación de asistencia para la población afectada, basada en evaluaciones regionales.
