El economista Martín Moreira, representante de la Red Boliviana de Economía Política, ha expresado su preocupación respecto al proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Gobierno ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Moreira detalla que los mecanismos de estabilidad jurídica, incentivos fiscales y arbitraje internacional incluidos en la propuesta podrían tener consecuencias significativas.
Según Moreira, Bolivia debe atraer tanto inversiones nacionales como extranjeras para impulsar el crecimiento económico, generar nuevos empleos e integrar tecnología. Sin embargo, enfatiza que estas inversiones deben ir acompañadas de compromisos claros que aseguren que una parte del valor generado se mantenga en el país.
El proyecto de ley, que consta de 103 artículos, plantea otorgar garantías generales a los inversionistas antes de establecer regulaciones específicas para sectores cruciales como minería, hidrocarburos, litio y energía. Moreira advirtió que este enfoque podría restringir la capacidad del Estado para negociar en áreas que son consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
Además, el economista manifestó su inquietud sobre la estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional, argumentando que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deberían limitar la facultad del Estado para ajustar políticas fiscales, ambientales y regulatorias de acuerdo a nuevas realidades.
En lo que respecta a los incentivos fiscales, Moreira sugirió que es crucial analizar el impacto que esto tendría en los ingresos del Estado y qué beneficios tangibles se obtendrían a cambio, como la creación de empleo, la transferencia de tecnología y el desarrollo productivo.
Por último, concluyó que la Ley de Inversiones debería enfocarse en proyectos que no solo generen empleo formal, sino que también promuevan el uso de tecnología, el fortalecimiento de proveedores nacionales y el aumento del valor agregado, al mismo tiempo que se garantiza la protección de los recursos naturales y se evita una rápida transferencia de activos públicos.
