El 9 de agosto de 2026, en el marco del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales, la Defensoría del Pueblo de Bolivia reveló que durante los primeros seis meses de este año se han registrado 965 denuncias por delitos de violencia sexual infantil. Esta cifra resalta la gravedad y la persistencia de este problema en la sociedad boliviana.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, subrayó que la violencia sexual contra menores es una de las violaciones más serias de los derechos humanos, ya que afecta no solo la dignidad y la integridad de las víctimas, sino también su desarrollo y proyectos de vida. En el 2025, el Ministerio Público contabilizó un total de 10.816 denuncias relacionadas con delitos contra la libertad sexual, de las cuales 2.313 involucraron violaciones a infantes y adolescentes.
La mayor parte de las denuncias en el primer semestre de 2026 provienen de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, lo que indica que estos actos frecuentemente ocurren en contextos familiares o de cercanía, revelando una crisis estructural que exige una respuesta contundente por parte del Estado.
La Defensoría recordó que la Constitución Política del Estado y diversas leyes, como la Ley Nº 548 y el Código Niña, Niño y Adolescente, obligan a las autoridades a implementar medidas para prevenir y combatir la violencia sexual en todas sus formas.
Entre las iniciativas que la Defensoría del Pueblo ha puesto en marcha para enfrentar este flagelo se encuentran las Mesas Departamentales “Voces Unidas frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, así como campañas de sensibilización y la implementación de políticas de defensores estudiantiles.
Callisaya hizo un llamado al Estado para que se fortalezca el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, garantizando una respuesta especializada ante estos casos, una investigación efectiva y una legislación que priorice la protección de los menores.
