La Unión Europea, a través del Reglamento Delegado (UE) 2026/83, ha incluido a Bolivia en su lista de países que requieren atención especial por el riesgo de lavado de dinero. Esta decisión conlleva un aumento en la supervisión y la debida diligencia en las transacciones financieras que involucran entidades europeas.
A pesar de que Bruselas ha reconocido algunos progresos de Bolivia en áreas como la comprensión de riesgos y la inteligencia financiera, concluyó que las acciones implementadas aún no son suficientes para remediar las fallas estratégicas que se han identificado. Desde junio de 2025, el país también está bajo una vigilancia reforzada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La inclusión en esta lista no implica sanciones económicas o bloqueos comerciales, sin embargo, sí generará complicaciones en las operaciones financieras. Los bancos y entidades de la UE tendrán que aplicar controles más rigurosos, lo que puede resultar en mayores tiempos de espera y costos adicionales para empresas e inversores.
Para salir de esta clasificación, Bolivia debe implementar diversas reformas solicitadas por la UE y el GAFI, incluyendo el fortalecimiento de investigaciones y sanciones relacionadas con el lavado de dinero, la mejora de la supervisión en sectores vulnerables y la garantía de información precisa sobre los beneficiarios finales de las empresas.
En un contexto donde la economía enfrenta serias dificultades, la nueva categorización puede ser vista como una señal desfavorable para Bolivia. La inquietud ahora se centra en cómo esta etiqueta afectará la confianza internacional y el costo de realizar negocios en el país.
Impacto en la economía boliviana
Con una economía ya afectada, la escasez de divisas y los retos para atraer inversión, la reciente clasificación de alto riesgo puede complicar aún más el panorama económico de Bolivia, generando dudas sobre el futuro financiero del país.
