Una jueza federal argentina ha dictado una orden para detener el avance del proyecto Sea Lion, destinado a la explotación de petróleo en las islas Malvinas. Esta acción marca un nuevo capítulo en la postura de Buenos Aires contra la utilización de recursos naturales en el archipiélago, en medio de una escalada de tensiones con el Reino Unido debido a la disputa territorial.
La magistrada Mariel Borruto, quien se encuentra en Río Grande, determinó que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited deben suspender actividades como perforaciones y la instalación de infraestructuras submarinas. La resolución también incluye la paralización del inicio de operaciones de explotación.
La decisión de Borruto se enmarca como una medida cautelar y no implica una resolución definitiva sobre las responsabilidades de las empresas. La jueza ya había manifestado su competencia en la semana anterior, argumentando que un posible daño ambiental podría afectar recursos bajo jurisdicción argentina.
- Presentar una declaración jurada en un plazo de diez días judiciales con información sobre el estado del proyecto.
- Detallar cronograma de construcción y perforación, así como la ubicación de pozos y unidades flotantes.
- Identificar la estructura societaria utilizada en el desarrollo de Sea Lion y las entidades financieras implicadas.
Además, se les exige a las empresas que especifiquen los desembolsos financieros realizados o pendientes, la información sobre aseguradoras y reaseguradoras, así como los estudios ambientales y planes de contingencia. Las demandantes también han solicitado que se restrinjan nuevos contratos de financiación y transferencias relacionadas con el proyecto.
Este fallo se da en un contexto de tensiones entre Argentina y el Reino Unido. El Gobierno de Argentina ha anunciado que ampliará sus acciones legales contra empresas que operan en el área, mientras que Reino Unido ha reafirmado que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas, apoyando a las empresas que realizan actividades económicas en Malvinas.
El proyecto Sea Lion, impulsado por las mencionadas compañías, se ha convertido en un símbolo de la disputa, ya que Buenos Aires sostiene que la explotación se realiza sin su consentimiento sobre recursos que considera naturales y pertenecientes al país, mientras que Londres defiende el derecho de las autoridades isleñas a utilizar sus recursos, incluidas las reservas de hidrocarburos.
