Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, justificó la actuación del Gobierno durante los 53 días de bloqueos que impactaron a Bolivia entre mayo y junio. Durante su intervención en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuestionó el efecto que habría tenido una prolongación de la crisis.
Aramayo presentó un análisis contundente sobre la crisis ante el organismo internacional. Según sus datos, los bloqueos provocaron pérdidas superiores a Bs 14.000 millones y afectaron a aproximadamente 250.000 empleos, tanto directos como indirectos. Además, se lamentó la muerte de 22 personas, siendo 19 de ellas ajenas a las movilizaciones.
El ministro enfatizó que los bloqueos no fueron meras demandas sectoriales, sino que, según su perspectiva, representaron intentos de socavar el orden democrático y desestabilizar el mandato constitucional. Con esta postura, defendió la implementación del Estado de Excepción, argumentando que esta medida buscaba facilitar la apertura de corredores humanitarios y garantizar el acceso a servicios esenciales como el combustible y los alimentos.
Además de analizar el pasado, Aramayo anunció que Bolivia ha solicitado oficialmente a la OEA el despliegue de una misión de observación policial, a través de la RedPolOEA, con el objetivo de fortalecer la capacidad de la Policía ante futuras crisis.
Las declaraciones de Aramayo reavivan el debate en torno a los 53 días de bloqueos. Para el Gobierno, el impacto económico fue devastador y justifica las acciones tomadas; mientras que los sectores movilizados sostienen que sus protestas eran respuestas a necesidades económicas y sociales que aún persisten.
Finalmente, surge una interrogante importante: considerando el alto costo que el Gobierno ha reconocido por esos días de parálisis, ¿qué estrategias implementará para prevenir que el país enfrente nuevamente una situación tan crítica?
¿Se imaginan si no hubiéramos tenido los 53 días?
