En Bolivia, un grupo de al menos 20 empresas estatales se enfrenta a una situación crítica, ya que sus pérdidas superan el total de su patrimonio. Esta alarma fue encendida por Pablo Camacho, director de la Oficina de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), quien afirmó que es imprescindible abordar este problema.
Camacho destacó que una de estas empresas es la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), que, bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, carece de los recursos necesarios para operar, al no contar con remolcadores ni embarcaciones, lo que la ha llevado a sobrevivir alquilando oficinas en un edificio.
Además, en septiembre de este año, el Gobierno priorizó la reestructuración de empresas estatales a través del Decreto Supremo 5727, que establece medidas como la reorganización, disolución o liquidación de estas entidades.
El decreto menciona que cualquier decisión sobre estas empresas debe basarse en un diagnóstico técnico elaborado por la OFEP y posteriormente aprobado por el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas.
Según Camacho, esta revisión de las empresas públicas responde a una estrategia económica que busca proteger los recursos del país y asegurar que se utilicen de manera eficiente en beneficio de los bolivianos.
