La decisión judicial de suspender la quema de madera boliviana marca un nuevo capítulo para las 23 empresas involucradas en una investigación relacionada con el presunto tráfico de drogas. Esta medida no solo protege la mercancía que aún no ha sido destruida, sino que también habilita la realización de nuevos análisis para determinar la situación de los cargamentos retenidos.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) celebró el fallo emitido en una audiencia el 19 de octubre en Arica. Su gerente general, Gary Rodríguez, destacó que esta resolución permitirá cuestionar las acusaciones fiscales y estimó las pérdidas económicas del sector en unos 50 millones de dólares.
Las nuevas condiciones de la suspensión, que se mantendrán por un periodo de al menos 60 días, permitirán verificar los análisis que llevaron a la retención de la madera. Sin embargo, todavía no hay claridad sobre cuántos cargamentos fueron destruidos, ya que las actas de incineración no han sido presentadas oficialmente.
Impacto y próximos pasos
La prohibición de nuevas incineraciones tiene como objetivo resguardar la madera que permanece en los puertos de Valparaíso y San Antonio. Según el IBCE, existe información no oficial que indica que toda la madera retenida en Arica ha sido incinerada, pero esto aún no se ha comprobado.
Lo que está destruido, lamentablemente, es un perjuicio que ya está establecido y eso no lo podemos revertir.
La próxima audiencia, programada para el 29 de octubre, se centrará en definir las condiciones y lugares donde se llevarán a cabo los nuevos análisis. Villalobos, abogado de las empresas afectadas, también mencionó que se permitirá la participación de un perito químico privado durante el proceso.
El IBCE ha informado que el juez levantó la reserva de la investigación, lo que facilitará el acceso de los exportadores a la información del caso. Además, se estima que la afectación económica va más allá del valor de la madera, ya que ha repercutido en contratos y relaciones comerciales.
Rodríguez cuestionó la incautación que anunciaron las autoridades chilenas el 8 de junio, que incluía 108 toneladas de madera supuestamente impregnada con sustancias controladas. El IBCE argumenta que con una investigación clara y abierta se desvanecerán las acusaciones formuladas por el Fiscal Regional de Arica.
