El gobierno boliviano, bajo la dirección del presidente Rodrigo Paz, ha determinado como prioridad la reorganización, disolución y posible liquidación de las empresas estatales. Esta decisión busca proteger los activos públicos y frenar la acumulación de nuevas deudas que pueda tener que asumir el Tesoro General de la Nación (TGN).
La medida se formaliza a través del Decreto Supremo 5727, respaldado por diagnósticos de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y resoluciones del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep), de acuerdo con la Ley 1755.
La norma establece medidas de salvaguardia para las empresas que se encuentren en procesos de disolución…
Según el decreto, las entidades en proceso de disolución quedan prohibidas de contraer nuevas deudas, realizar transacciones de activos, contratar nuevo personal, aumentar sueldos o firmar contratos que comprometan recursos futuros. Este enfoque busca asegurar la estabilidad financiera del Estado mientras se llevan a cabo estas transformaciones.
Los ministerios responsables tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar las propuestas legislativas necesarias para avanzar con la reorganización y cierre de las empresas estatales. Esto busca acelerar estos procesos y garantizar una transición ordenada.
Además, el decreto aclara que el cierre de estas empresas no detiene las indagaciones sobre posibles responsabilidades. Los procesos legales, ya sean administrativos, civiles o penales, continuarán su curso de manera independiente, lo cual no impedirá la disolución o liquidación de las entidades afectadas.
Para promover la transparencia, se enviarán informes finales de estos procesos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto permitirá un control institucional sobre las decisiones tomadas y la situación de las empresas públicas involucradas en este proceso de reestructuración.
