Ana María Crispín, senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), enfatizó que las recientes medidas económicas deben ser evaluadas en función de su impacto en la economía familiar de los bolivianos. Este comentario surge en el marco del polémico aumento del precio del diésel y las decisiones del Gobierno al respecto.
Crispín ya había expresado su desaprobación en ocasiones anteriores respecto a las políticas relacionadas con los combustibles. En julio pasado, mientras el precio del diésel era de Bs 9,80 por litro, solicitó al Ministerio de Hidrocarburos y al Ministerio de Economía un análisis sobre el costo real de la subvención, además de aconsejar a las familias que tomen precauciones y ajusten sus gastos ante la incertidumbre en el abastecimiento.
Tras la implementación del “dieselazo”, la senadora criticó la falta de socialización antes de aplicar el incremento y advirtió que las repercusiones podrían extenderse al transporte, logística y, en consecuencia, a los precios de los productos, afectando de forma directa a los hogares bolivianos.
El Decreto Supremo 5716 estableció un nuevo precio para el diésel de Bs 17,95 por litro, alterando el sistema anterior de subvención. Esta medida ha generado protestas por parte de los transportistas y otros sectores que anticipan un aumento en sus costos operativos, lo que podría reflejarse en el incremento de tarifas y precios de bienes.
Con este cambio, el debate sobre las medidas económicas se reabre, centrándose en cuánto de este ajuste será asumido por las familias. Crispín subraya que el efecto sobre el bolsillo de los hogares es un aspecto crucial que debe ser considerado en las decisiones económicas del Gobierno.
