La reciente eliminación de la subvención al diésel ha desatado una serie de reacciones en Bolivia. Tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz el 18 de septiembre, donde se fijó el nuevo precio del litro en Bs 17,95, diversos sectores empezaron a ajustar sus tarifas de manera inmediata.
José Luis Gálvez, vocero del gobierno, defendió esta medida, describiéndola como una "decisión correcta" que era necesaria para la economía del país. Afirmó que "un gobernante sensato" debe tomar decisiones difíciles en beneficio de la población.
Gálvez subrayó que el sistema anterior era insostenible, con un gasto estimado de 55 millones de dólares semanales, acumulando un total de 2.600 millones de dólares al año. La eliminación del subsidio busca corregir este desbalance económico.
Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos transportistas exigieron la reversión de la medida, mientras que otros convocaron a reuniones de emergencia para discutir acciones a tomar. En las terminales de La Paz, los boletos para ciertas rutas aumentaron hasta un 50%.
"En realidad en un principio es probable que haya algún efecto especulativo, de miedo y de susto, pero (…) el mercado mismo debería empezar a regular".
El vocero presidencial también comentó que muchos de los incrementos en precios ya habían sido anticipados, debido a la escasez de diésel, que había generado largas filas en estaciones de servicio y elevados precios en el mercado negro. Gálvez concluyó que el mercado se ajustará y que el efecto total en los precios no será tan drástico como se teme.
