Gabriel Rodríguez, analista y experto en economía, ha manifestado su desacuerdo con la eliminación de la subvención al diésel, señalando que las recientes decisiones del Gobierno impactan de manera desigual entre los empresarios y los ciudadanos comunes. Esta evaluación se produce luego de que el precio del diésel se estableciera en Bs 17,95 por litro tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz.
Rodríguez argumenta que, si bien se han implementado medidas como bonos, un aumento en el salario mínimo y créditos, estas protecciones son limitadas para la población. Destaca que en Bolivia existe una informalidad laboral superior al 80%, lo que significa que muchos trabajadores no podrán beneficiarse directamente del incremento salarial.
En cambio, el analista sostiene que el sector privado y agroindustrial cuenta con mejores recursos para manejar el aumento en el costo del combustible. Según su análisis, el Gobierno ha ofrecido créditos preferenciales, la eliminación de aranceles en ciertos insumos y beneficios fiscales que facilitan la adaptación a esta nueva realidad económica.
El Ejecutivo ha indicado que su estrategia incluye compensaciones para mitigar el efecto de la eliminación del subsidio, tales como el Bono PEPE II que beneficiará a más de 2,9 millones de personas, el aumento del monto del Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300 y diversas iniciativas de empleo e inversión. Además, el nuevo marco establecido en el Decreto Supremo 5716 vincula el precio del diésel al costo internacional.
Finalmente, Rodríguez concluye que las medidas adoptadas trasladan una mayor carga del ajuste económico hacia los sectores más vulnerables, mientras que el empresariado recibe un trato preferencial. Su análisis refleja una perspectiva crítica sobre las decisiones gubernamentales, aunque no representa una evaluación oficial sobre el impacto de estas medidas.
