En el partido de Tigre, una expolicía de Buenos Aires, Griselda Inés Ortiz, de 45 años, fue arrestada en el marco de una investigación que ha generado inquietud en Argentina por la posible existencia de una red que recluta ciudadanos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.
La Justicia Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) están a cargo de la causa, que indaga en la posible trata de personas con fines de explotación laboral en un contexto de conflicto armado.
Según los informes, la organización supuestamente dirigida por Ortiz estaba enfocada en captar a hombres jóvenes con antecedentes en el ámbito militar o policial y habilidades en el uso de armas. Este reclutamiento se habrían llevado a cabo a través de redes sociales, ofreciendo salarios de entre 1.000 y 3.000 dólares mensuales, dependiendo de las condiciones y el destino final.
Los investigadores han señalado que a algunos de los reclutados se les ofrecían inicialmente empleos que no estaban relacionados con actividades bélicas. Una vez que llegaban a Ucrania, se encontraban en una situación de vulnerabilidad, con escasas opciones de retorno y presionados para firmar contratos en ucraniano, un idioma que no dominaban.
La investigación se intensificó después de que cuatro hombres fueran detenidos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, generando sospechas entre las autoridades. Estos pasajeros no podían explicar quién había costado sus vuelos y carecían de fondos suficientes para el viaje, además de no tener boletos de regreso.
Las indagaciones revelaron que habían sido contactados por medio de plataformas digitales para viajar al extranjero, donde eventualmente terminarían combatiendo.
Además, la investigación está evaluando otros casos similares en distintas provincias argentinas, como Santa Fe y Tucumán.
Un punto de interés es la supuesta experiencia previa de Ortiz en Ucrania, donde habría viajado antes para involucrarse en el conflicto. Tras regresar a Argentina, se sospecha que habría comenzado a reclutar a otros.
La expolicía fue detenida por la Policía Federal Argentina (PFA), mientras que su pareja, un exintegrante de la Policía Federal, es considerado cómplice y se encuentra prófugo, se presume que ha huido hacia Brasil.
Este caso ha suscitado un debate en el Congreso argentino sobre la necesidad de legislar específicamente acerca del reclutamiento de mercenarios para conflictos en el exterior. Tras la detención de Ortiz, se ha presentado un proyecto de ley que busca incluir este tipo de comportamiento como un delito en el Código Penal, estableciendo sanciones para quienes faciliten o financien la participación de personas en fuerzas mercenarias, especialmente en situaciones de engaño o vulnerabilidad.
