Recientemente, la situación laboral de 143 guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha desatado alarmas entre organizaciones ecologistas y sectores comprometidos con la conservación en Bolivia. Los trabajadores han recibido la instrucción de poner sus cargos a disposición, lo que ha sido interpretado como un posible "despido encubierto" que podría poner en jaque la protección de diversas áreas naturales del país.
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) ha expresado su rechazo a esta medida, advirtiendo sobre las consecuencias que podría tener una reducción del personal encargado de resguardar los parques nacionales. De igual manera, la Defensoría del Pueblo ha tomado cartas en el asunto y ha informado al ministro correspondiente sobre la situación de los guardaparques, mientras que una diputada ha manifestado su intención de promover acciones desde la Asamblea Legislativa.
En redes sociales, ha circulado una denuncia que alerta sobre las difíciles condiciones laborales que enfrentan los guardaparques. La salida de estos profesionales podría abrir la puerta a actividades ilegales como la caza, las quemas y la explotación de recursos naturales. Sin embargo, hasta el momento, no existen pruebas contundentes que demuestren que el Gobierno esté buscando despedir a los guardaparques con la intención de facilitar tales actividades, lo que convierte esta parte de la denuncia en una acusación no verificada.
El Gobierno ha respondido afirmando que no se producirán despidos de guardaparques. Según la versión oficial, la instrucción abarca a aproximadamente 1.200 trabajadores y consiste en poner sus cargos a disposición para una posterior evaluación y posible ratificación. Esta postura contradice las interpretaciones de los guardaparques y organizaciones, quienes consideran que la medida podría resultar en despidos.
A medida que el Gobierno plantea una evaluación de su personal, los guardaparques advierten que cualquier disminución en su número podría dejar a las áreas protegidas más vulnerables a la presión de cazadores ilegales, traficantes y explotadores de recursos, lo que representa un peligro para la conservación del medio ambiente en el país.
