Este miércoles, Pedro José R. V. P., quien está acusado de agredir al guardia de seguridad Alfonso Flores Chuvé en el condominio Bella Vista, se presentó ante la Fiscalía de Porongo. Acompañado de tres abogados, el exmilitar optó por no declarar, lo que llevó al fiscal Franz Delgadillo a no emitir una orden de aprehensión, permitiendo que el acusado continúe en libertad mientras se desarrolla la investigación.
La denuncia se origina en un incidente ocurrido el 27 de agosto, cuando el guardia Flores, en su turno laboral, fue confrontado por el exmilitar y tres acompañantes. Según la acusación, estos lo acusaron de haber robado joyas de gran valor de su hogar y lo agredieron físicamente, mientras le impedían escapar al cerrar la puerta.
Flores relató que durante la agresión, recibió golpes con manoplas y que el agresor le dijo que sus joyas tenían más valor que su vida. Las lesiones que sufrió incluyen fracturas y contusiones en diversas partes de su cuerpo, como las costillas y la cabeza.
El guardia afirmó haber demostrado que no participó en el robo, presentando pruebas de que estaba en su puesto de trabajo en el momento del incidente. Además, su defensa sostiene que existen grabaciones de las cámaras de seguridad que evidencian la agresión y la entrada al condominio del exmilitar y sus acompañantes.
El abogado de Flores, Rolando Salvatierra, criticó que, a pesar de haber entregado evidencias a la Fiscalía, no se ha realizado el peritaje de las grabaciones, que aún no han sido enviadas al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) para su análisis.
Salvatierra también cuestionó la actuación inicial del fiscal Delgadillo, quien había desestimado la denuncia al considerar que no había delito. La defensa del guardia ha objetado esta decisión y busca que se investigue a fondo la agresión y la implicación de los otros involucrados.
Con la libertad del exmilitar, la situación del guardia ha sido calificada como "humillante" y preocupante, pues mientras el acusado se presentó con un equipo legal, la víctima se ha sentido desprotegida ante la falta de respuesta del sistema judicial.
