La justicia boliviana decidió enviar a Franz Yovanny Pereira Núñez, abogado del área de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, a la cárcel de Palmasola por un periodo de 40 días. La causa del encierro es una denuncia en su contra, donde se le acusa de pedir Bs 5.000 a un juez a cambio de un favor en un proceso disciplinario.
La denuncia involucra al juez de La Guardia, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, quien se encuentra en una lista de funcionarios bolivianos con restricciones de visa en Estados Unidos. Esta situación fue destapada por una denuncia interna del Consejo de la Magistratura, lo que llevó a la unidad anticorrupción de la FELCC a iniciar una investigación.
Entre las pruebas presentadas se incluye un audio en el que Pereira supuestamente solicita la suma de dinero para ayudar al juez y evitarle una sanción. A pesar de que el abogado reconoció que la voz en la grabación era suya, negó haber realizado la solicitud de coima.
El fiscal Gustavo Adolfo Ríos formalizó la imputación de Pereira por los delitos de concusión y cohecho pasivo. En la audiencia de medidas cautelares, el fiscal argumentó que los elementos de prueba y los riesgos procesales justificaban la detención del abogado. La jueza Vivian Blacázar decidió enviarlo a Palmasola mientras continúan las investigaciones y se evalúa el contenido del audio.
Por otro lado, el procedimiento disciplinario contra Rodrigo Vedia sigue su curso separado de este caso. La situación del juez se agravó a finales de septiembre, cuando el Departamento de Estado de EE.UU. lo incluyó en una lista de funcionarios bolivianos con restricciones de visa, en el marco de su lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Esta medida, sin embargo, no tiene un efecto vinculante en Bolivia.
En respuesta a la lista de funcionarios afectados, el Consejo de la Magistratura ha comenzado a revisar las actuaciones de Vedia, así como de Albania Chane Caballero Saavedra y Rosario Ximena Flores Paniagua, quienes también están bajo evaluación, aunque su inclusión en la lista de EE.UU. no conlleva automáticamente a su suspensión.
Recientemente, en octubre, se incluyó a Aldo Quezada, ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y a Julio Nelson Alba en una nueva lista de estadounidenses. Ante esta situación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, solicitó que ambos se aparten de sus funciones y se sometan a una investigación. Quezada ya presentó su renuncia irrevocable, mientras que Alba continuaba en su cargo hasta el mes de octubre.
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Irma Villavicencio, fue contactada por EL DEBER para conocer su opinión sobre las autoridades bajo observación, pero indicó que estaba ocupada y prometió dar su versión en otra ocasión.
