El Decreto Supremo 5693, emitido por la administración de Rodrigo Paz, introduce medidas temporales destinadas a entidades financieras que enfrentan dificultades de solvencia hasta el 31 de julio de 2026. La intención del Gobierno es prevenir un empeoramiento de la situación y asegurar la operación continua de los servicios financieros.
Una de las principales preocupaciones radica en la disposición que permite el uso temporal del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026 y financiado por el 6% de las ganancias netas de los bancos. Este fondo fue diseñado originalmente para facilitar el acceso a financiamiento, especialmente en lo que respecta a créditos para vivienda social y proyectos productivos.
Con el nuevo decreto, el fondo podrá emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para ayudar a las entidades financieras con problemas de solvencia, con una duración máxima de 90 días. Esto significa que los recursos que estaban destinados a facilitar el acceso al crédito ahora podrían ser utilizados para fortalecer el capital de los bancos.
La situación plantea un interrogante significativo: si las entidades necesitan recurrir a medidas extraordinarias para mejorar su solvencia, ¿qué tan crítica es la situación del sistema financiero? Aunque la norma no indica por sí misma que exista una crisis bancaria sistémica, sí despierta dudas sobre la salud del sistema.
La implicación política y social de este decreto es clara: los fondos que deberían destinarse a facilitar el acceso a vivienda y créditos productivos podrían ser redirigidos para cubrir las necesidades de los bancos. Históricamente, estos fondos han sido utilizados para mejorar el acceso a viviendas de interés social, incluso ayudando con el aporte inicial requerido por los bancos.
La pregunta que se plantea es contundente: ¿Está el Gobierno protegiendo el sistema financiero para evitar una crisis mayor o está utilizando recursos que deberían ser para vivienda y producción para resolver problemas de solvencia de los bancos?
