Joel Flores, asambleísta del departamento de Pando por la organización Súmate, ha hecho públicas las supuestas irregularidades en una subasta realizada por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi). Según su denuncia, un ciudadano llamado Demetrio Terceros pagó más de 500 mil bolivianos por un tráiler, solo para encontrar que el vehículo presenta problemas legales al momento de intentar registrarlo.
Terceros participó en esta subasta pública hace aproximadamente un año, y tras resultar ganador, realizó el pago correspondiente y recibió el tráiler con la minuta de transferencia firmada por las autoridades de Dircabi. Sin embargo, al intentar realizar el cambio de nombre del motorizado, se enteró de que el vehículo contaba con antecedentes judiciales serios, incluso con procesos penales en curso.
Flores cuestionó la decisión de permitir que un bien con antecedentes legales sea subastado. Señaló que todo vehículo que se ofrezca en una subasta pública debe estar libre de problemas legales y contar con la documentación en regla.
Además, el asambleísta ha indicado que el tráiler no fue entregado en las condiciones en que fue presentado durante la subasta. De acuerdo con su denuncia, Terceros recibió únicamente la parte delantera del vehículo, conocida como “cabeza”, mientras que en la convocatoria se mostraba la carrocería completa.
Ante la situación, Terceros devolvió el vehículo el 2 de marzo de este año, esperando que le reembolsen su dinero en un plazo de tres semanas. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta y se ha visto afectado económicamente por la situación, ya que este capital era fundamental para su trabajo.
El afectado ha manifestado que ha estado buscando soluciones en las oficinas de Dircabi y que ha recibido promesas de resolución que no se han cumplido. Pide a las autoridades una respuesta definitiva y solicita el apoyo de los legisladores para resolver su problemática. Joel Flores anunció que solicitará una investigación profunda sobre el caso para esclarecer las responsabilidades y exigir la devolución de los recursos a Terceros.
