El fenómeno del Súper El Niño está comenzando a mostrar su presencia en Bolivia, a pesar de que aún no ha alcanzado su máxima intensidad. Actualmente, 26 municipios de seis departamentos están sufriendo sequías, mientras que las represas de La Paz están viendo una notable disminución del agua, y los pozos en la Chiquitania están perdiendo caudal. Además, se ha declarado emergencia en algunas áreas del Chaco, lo que indica que el país debe prepararse para un escenario de alto riesgo que va más allá de simples respuestas de emergencia.
La experiencia global respecto a El Niño no aporta motivos para ser optimistas. Investigaciones realizadas por expertos a lo largo de décadas indican que este fenómeno, que está vinculado al calentamiento del océano Pacífico, tiene implicaciones severas. En esta ocasión, el incremento de la temperatura del mar supera los dos grados Celsius, lo que eleva la alerta y justifica la clasificación de "Súper El Niño", históricamente asociado con eventos climáticos extremos.
Tradicionalmente, se asociaba la llegada de El Niño con el inicio del verano austral y las festividades navideñas, pero en la actualidad, sus efectos se están sintiendo mucho antes. Sequías, incendios, olas de calor e inundaciones ya están afectando diferentes zonas del planeta, y Bolivia no es la excepción. Se espera que el impacto de este fenómeno se intensifique a lo largo de 2026 y gran parte de 2027.
Las advertencias del Senamhi son claras: el occidente, el altiplano y los valles enfrentarán una escasez de lluvias y sequías más severas, mientras que el oriente podría experimentar fuertes lluvias e inundaciones. Este fenómeno tendrá repercusiones a nivel nacional, afectando no solo el clima, sino también la disponibilidad de agua, la producción agrícola, la ganadería, la energía, la logística y la seguridad alimentaria.
Bolivia se enfrenta a esta crisis desde una posición vulnerable. La economía ya está lidiando con problemas como la escasez de divisas y el desabastecimiento de combustibles, además de una recuperación inestable tras conflictos sociales recientes. Un evento climático extremo podría agravar la situación actual.
Por esta razón, se ha propuesto la creación de un Consejo Nacional de Prevención que integre a entidades públicas, sectores productivos, gobiernos subnacionales y organismos técnicos. Esta iniciativa se basa en la premisa de que, aunque no se puede controlar el clima, sí se puede gestionar su impacto. La prevención es más económica que la reconstrucción, y anticiparse puede salvar vidas y recursos.
El Gobierno afirma tener un plan de contingencia basado en la Ley 602 de Gestión de Riesgos. Sin embargo, lo que se necesita ahora es traducir esa planificación en acciones concretas. Los municipios requieren ayuda antes de que sus pozos se sequen por completo, y los sistemas de riego deben recibir atención urgente para evitar pérdidas irreversibles en la agricultura. Las ciudades también deben mejorar la gestión del agua antes de que afecte a millones de personas.
Aunque los efectos ya están presentes, Bolivia aún tiene la oportunidad de prepararse. A medida que se avecinan desafíos más graves, la diferenciación entre una crisis manejable y un desastre dependerá de la capacidad del país para responder de manera efectiva a las advertencias actuales.
