Este jueves, el Comité de Disciplina de la RFEF decidió abrir un procedimiento disciplinario extraordinario contra el FC Barcelona, tras recibir una reclamación por parte del Atlético de Madrid. La investigación busca determinar si las acciones del club catalán pudieron violar las normas deportivas relacionadas con el posible fichaje del jugador.
La controversia comenzó el 29 de mayo, cuando el Atlético de Madrid hizo pública su denuncia sobre una supuesta "campaña de acoso" hacia uno de sus futbolistas, refiriéndose a Julián Álvarez, aunque no mencionaron ningún nombre específico. La queja incluye acusaciones sobre "filtraciones interesadas" y "faltas de respeto" por parte de los culés, además de contactos previos a partidos directos entre ambos equipos.
El interés del Barcelona en Álvarez ya era conocido, ya que a finales de mayo habían presentado una oferta de 100 millones de euros, pagaderos en plazos. Sin embargo, el Atlético ha dejado claro tanto públicamente como de manera privada que el delantero argentino no está a la venta y que su cláusula de rescisión asciende a 500 millones de euros.
En medio de esta situación, el 22 de junio, tras un partido de la selección argentina en el Mundial 2026, Álvarez expresó que lo mejor sería una transferencia para cumplir su sueño, sin mencionar directamente al Barcelona ni a otro club. Al día siguiente, el CEO del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, respondió con pesar a sus palabras, enfatizando que el club no tenía intención de venderlo.
Por su parte, Joan Laporta, presidente del Barcelona, declaró el 19 de julio que el entrenador del equipo, Hansi Flick, está interesado en Álvarez, y justificó la oferta presentada como "importante", aunque limitada en el tiempo. Gil Marín, en declaraciones dos días antes, reafirmó que el Atlético desea mantener a su jugador y que no aceptarían la oferta de 100 millones de euros, ni tampoco cualquier otra superior.
El Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores establece sanciones tanto para los clubes que inducen a los jugadores a romper sus contratos como para los propios futbolistas. Si se prueba que el Barcelona indujo a Álvarez a romper su contrato, podría enfrentarse a una prohibición de inscribir nuevos jugadores durante dos períodos de inscripción consecutivos.
