Las denuncias en contra del Ministro Gabriel Espinoza han aumentado en medio de acusaciones de irregularidades en su declaración jurada y posibles delitos fiscales. Según la normativa vigente en Bolivia, estos actos podrían constituir varios crímenes bajo el Código Penal y otras leyes relacionadas.
Entre los delitos que podrían ser imputados se encuentra la falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, conforme al Artículo 274 del Código Penal, que se aplica cuando un funcionario público omite o falsea información relevante. En el caso de Espinoza, se le acusa de no haber incluido un vehículo en su declaración, lo que podría calificar como un incumplimiento serio.
Otro aspecto a considerar es la falsedad ideológica y el uso de documentos falsificados. Esto se refiere a insertar información incorrecta en documentos públicos, lo que según la normativa podría haber afectado la veracidad de una transacción al registrar un precio significativamente inferior al real en un documento notarial.
Por otro lado, la Ley N° 2492, que regula el Código Tributario, también es relevante, ya que se investiga la evasión fiscal a través de la subvaluación de bienes. Espinoza es señalado por presentar un valor de transferencia de un bien que no corresponde con su valor de mercado, lo que podría interpretarse como un intento de evadir impuestos.
Finalmente, también se encuentran en la mira posibles indicios de enriquecimiento ilícito. Este delito se examina cuando hay un aumento significativo en el patrimonio de un funcionario sin una justificación adecuada en sus ingresos. La adquisición de bienes de alto valor por parte de Espinoza podría activar investigaciones adicionales por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
En resumen, la situación del Ministro Espinoza es compleja y podría acarrear consecuencias legales serias si se comprueban las irregularidades denunciadas.
