El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, ha exigido una disculpa y un resarcimiento al presidente chileno José Antonio Kast, tras las repercusiones de la incautación de madera boliviana que supuestamente contenía narcóticos. Quiroga argumenta que la denuncia de Chile carece de fundamento y afectó gravemente a la industria exportadora de su país.
A través de sus redes sociales, Quiroga enfatizó que la acusación chilena de que más de 100 toneladas de madera boliviana estaban impregnadas con droga no tiene sustento. En su mensaje, el expresidente también incluyó declaraciones de figuras europeas que critican la postura de Chile.
"Presidente José Antonio Kast: exigimos que paren la quema de evidencia, se disculpen y paguen el resarcimiento, lo que en Bolivia nadie le pidió", escribió Tuto Quiroga, destacando la urgencia del asunto.
Entre los comentarios relevantes, se menciona al eurodiputado neerlandés Álvaro Sebastian Kruis, quien instó a la Comisión Europea a tratar el tema con Chile. Kruis subrayó que parte de la carga incautada tenía como destino a Europa y que las empresas bolivianas cumplían con los estándares de la Unión Europea.
Kruis añadió que, aunque Chile tiene el derecho de realizar controles para combatir el tráfico de drogas, las empresas honestas no deberían ser perjudicadas. "Las empresas que cumplen las reglas llevan meses sin poder exportar, y ahora su madera está ardiendo antes de haber tenido una oportunidad justa de ser sometida de nuevo a pruebas", comentó.
Nils Olaf Petersen, representante de la federación europea de comercio de madera, también criticó las acciones chilenas, sugiriendo que debería haber pruebas confirmadas por un laboratorio internacional antes de proceder con la quema.
A mediados de año, las autoridades chilenas incautaron esta carga boliviana, argumentando que contenía drogas, sin embargo, Bolivia ha cerrado el caso, creyendo que la acusación carece de fundamento. A pesar de las críticas, Chile comenzó a incinerar la madera, aunque los empresarios afectados solicitaron la suspensión de esta destrucción durante 60 días para realizar las pruebas pertinentes.
