La presión social sobre el Gobierno de Bolivia está en aumento, con la Confederación del Transporte Libre declarando un estado de emergencia y otorgando un plazo de 48 horas para que se resuelvan sus demandas, centradas en la falta de diésel.
El sector del transporte afirma que la carencia de combustible ha reducido su operatividad en un 50%, generando pérdidas económicas significativas y complicaciones en la prestación de servicios. Sus solicitudes también incluyen mejoras en las carreteras y la implementación de un mercado para un seguro obligatorio de accidentes.
Los transportistas también han expresado inquietud ante un posible retiro de la subvención de los carburantes, como parte de los compromisos acordados con el Fondo Monetario Internacional para el 2027. En caso de que los precios de los combustibles se ajusten a los internacionales, se verán obligados a modificar las tarifas del transporte en todo el país.
El magisterio urbano se unirá a las manifestaciones, con la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia convocando a una Gran Marcha Nacional de Cacerolas Vacías este martes 15 de septiembre, en protesta por las políticas del Gobierno en los ámbitos económico, social y educativo.
- Abastecimiento de carburantes
- Incremento salarial
- Recuperación del poder adquisitivo
- Abrogación de los decretos supremos 5676, 5563 y 5654
Los transportistas y educadores están movilizándose mientras el Gobierno enfrenta un nuevo desafío debido a la crisis de combustibles y el descenso en el poder adquisitivo de la población.
