La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz emitió recientemente una declaración unánime en la que solicita medidas efectivas para combatir el crimen en la región. En este contexto, se ha planteado la necesidad de registrar a los propietarios de motocicletas y aumentar las acciones preventivas ante la creciente violencia.
Luis Alberto Ruiz, quien se desempeña como secretario de la ALD, comentó que esta declaración está dirigida al Ministerio de Gobierno. En ella se proponen acciones como el empadronamiento de motocicletas, la fiscalización de aquellas sin placas o con documentos falsificados, y la implementación de un sistema de denuncias a través de una línea telefónica operada por la Policía.
Ruiz destacó la situación de inseguridad que se vive en Santa Cruz, afirmando que "el temor y la preocupación se han convertido en algo cotidiano". Además, mencionó que el viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodolfo Montero, anunció que el Gobierno planea realizar el empadronamiento y que más de 100 policías se están capacitando en la lucha contra el crimen organizado.
"Lo que no queremos es que la Policía llegue solo para alzar cadáveres".
El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, comentó que se está preparando la expansión del plan Frontera 2.0, el cual incluirá un aumento de los operativos en las fronteras de Santa Cruz, Beni y Pando, en coordinación con fuerzas militares, municipales y de otros países.
Álvarez desmintió que la Policía haya sido superada por la criminalidad y defendió los resultados obtenidos, asegurando que han logrado la expulsión de más de 50 integrantes de organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). El plan original fue lanzado el 13 de agosto en Guayaramerín, Beni, para combatir el narcotráfico y el contrabando.
La situación de violencia se enmarca en una lucha de poder entre el PCC y el Comando Vermelho, justo siete meses después de la caída de Sebastián Marset, un uruguayo vinculado al narcotráfico. Las autoridades también han señalado la posible complicidad de Róger Mariaca, exfiscal general, detenido el 1 de octubre por sospechas de conexión con el crimen organizado.
En términos de cooperación internacional, Bolivia y Chile han activado un mecanismo para el intercambio de información policial. Durante la reciente visita de José Antonio Kast a La Paz, se sugirieron intervenciones coordinadas a ambos lados de la frontera. Además, se prevé una reunión entre Rodrigo Paz y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, a finales de noviembre para abordar temas de seguridad y frontera.
