El pleno de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz aprobó, con respaldo mayoritario, la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Institucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías. Esta normativa, que se discutió durante más de tres horas, será enviada al gobernador JP Velasco para su promulgación.
El objetivo principal de esta ley es establecer un marco legal que permita al departamento actuar de manera proactiva ante los bloqueos de carreteras, que impactan negativamente el libre tránsito, el suministro de alimentos y la circulación de servicios esenciales.
Durante la discusión, varios asambleístas plantearon dudas sobre determinados artículos del proyecto, sugiriendo revisiones más profundas. No obstante, en la votación se mantuvo el texto original propuesto por la Asamblea.
La presidenta de la ALD, María René Álvarez, quien promovió esta iniciativa, explicó que la ley incluye un enfoque preventivo que favorece la coordinación entre instituciones. Esto se logrará a través de mecanismos de alerta temprana, monitoreo y diálogo previo a la generación de conflictos.
El sistema contempla la colaboración de diversas entidades, incluyendo la Secretaría Departamental de Seguridad, la Policía, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos municipales y la propia ALD, quienes se encargarán del seguimiento y la fiscalización de la ley.
En el marco de la exposición, se destacó que los bloqueos acarrean no solo pérdidas económicas, sino también efectos sociales y humanitarios, complicando el acceso a servicios médicos, medicamentos y alimentos, entre otros.
"El ciudadano tiene derecho a protestar, pero también tiene derecho a circular", subrayó Álvarez al defender la ley, enfatizando que no se busca restringir el derecho a la protesta, sino asegurar una respuesta institucional efectiva ante sus consecuencias.
Con esta nueva ley, la Asamblea espera que Santa Cruz disponga de herramientas adecuadas para anticiparse y gestionar situaciones de bloqueo, garantizando así la protección de la población, la producción y los servicios esenciales.
