Guyana es casi del mismo tamaño que el departamento del Beni, pero mientras ambos territorios han sido históricamente marginados de los grandes polos económicos, la realidad actual muestra una gran diferencia en términos de inversión. En 2025, Guyana recibió aproximadamente $us 9.000 millones en inversión extranjera directa (IED), mientras que Bolivia alcanzó solo $us 620 millones.
Esta comparación no implica que Bolivia deba imitar el fenómeno del auge petrolero de Guyana, sino que plantea una interrogante crucial: ¿qué hace que el capital extranjero elija invertir en algunos países y no en otros?
A pesar de que la IED en Bolivia creció un 73,3% en 2025, es importante notar que el 76% de este aumento provino de reinversiones de empresas ya establecidas en el país, dejando a los nuevos aportes de capital en solo un 2%. En otras palabras, las firmas existentes decidieron continuar sus operaciones, pero pocas nuevas empresas se animaron a ingresar al mercado boliviano.
Con el declive del ciclo del gas, Bolivia se enfrenta a la necesidad de encontrar nuevas fuentes de crecimiento. Existen oportunidades en sectores como el litio, minerales estratégicos, agroindustria, energías renovables, tecnología, turismo y logística. Sin embargo, tener recursos por sí solo no garantiza la llegada de inversiones. El capital evalúa oportunidades y riesgos, y requiere certidumbre.
Por ello, se hace imprescindible establecer una nueva Ley de Inversiones. Esta normativa no debe estar diseñada para favorecer al capital en detrimento de la regulación estatal, sino para crear un marco moderno que promueva una relación equilibrada entre el sector público y privado. Las empresas que invierten necesitan claridad sobre las condiciones, seguridad jurídica y trámites accesibles, al mismo tiempo que el Estado debe exigir resultados en términos de producción, empleo e innovación.
La implementación de incentivos puede ser beneficiosa, siempre y cuando estén respaldados por resultados concretos. La idea no es simplemente reducir impuestos para atraer capital, sino utilizar estos beneficios para fomentar proyectos que generen empleos, aumenten las exportaciones y fortalezcan la industrialización.
No obstante, es fundamental no caer en la ilusión de que una ley por sí sola resolverá los problemas. Una normativa, por más efectiva que parezca, será inútil si la burocracia obstaculiza los procesos, si las autoridades cambian las condiciones de forma arbitraria o si las fluctuaciones políticas generan incertidumbre. La verdadera seguridad jurídica se demuestra cuando el Estado cumple con lo que promete.
Bolivia debe competir por atraer inversión en un contexto global que ha evolucionado. Hoy, las inversiones no se limitan a los sectores tradicionales como el petróleo, gas o minería; áreas como tecnología, energías renovables y servicios digitales están en la mira de los inversionistas internacionales. El país necesita definir en qué sectores quiere destacar y crear un ambiente propicio para ello.
Contamos con abundantes recursos naturales, tierras fértiles, una ubicación estratégica y un capital humano valioso. No obstante, no basta con esperar que estas ventajas por sí solas convenzan a los inversores. El capital no se mueve por razones de nacionalismo ni permanece solo por decreto; busca donde hay oportunidades y se queda donde hay confianza.
Mientras Guyana ha encontrado su camino a través del petróleo, Bolivia debe hallar su propia vía hacia la atracción de inversión: demostrar al mundo que aquí existen reglas claras, oportunidades reales y un futuro prometedor.
