Después de la crisis que provocó la detención del exfiscal general Roger Mariaca y el reciente nombramiento de José Armando Urioste como fiscal general, Joadel Bravo, quien también se desempeñó como fiscal, ha presentado una serie de propuestas para reformar el funcionamiento del Ministerio Público. Su intención es fortalecer el control judicial sobre las investigaciones y mejorar la eficiencia del sistema.
Bravo argumenta que las investigaciones relacionadas con los procesos contra Mariaca y otros funcionarios han demostrado la urgencia de realizar cambios en el Ministerio Público. Según él, es fundamental establecer mecanismos de control externo que garanticen la supervisión de los fiscales en sus funciones.
Propuestas clave de Joadel Bravo para el Ministerio Público.
- Control judicial directo sobre la actuación del fiscal investigador, evitando que las disputas se resuelvan internamente en la Fiscalía.
- Elección de fiscales departamentales por las asambleas legislativas departamentales, en lugar de ser designados por el fiscal general.
- Eliminación de la oficina de análisis de denuncias, permitiendo que las denuncias se tramiten directamente conforme a la ley.
- Unificación de plazos de investigación en un solo periodo de seis meses, con un año máximo para llegar a juicio.
- Reducción de competencias del Ministerio Público en delitos patrimoniales considerados de menor impacto.
- Facilitación para que abogados soliciten directamente certificaciones y actos investigativos.
- Los jueces cautelares podrán conocer los juicios, evitando la pérdida de conocimiento del caso entre distintas instancias.
Entre las reformas, Bravo destaca la importancia de que el juez cautelar controle directamente el trabajo del fiscal, lo que eliminaría la necesidad de resolver conflictos dentro del propio ámbito de la Fiscalía. Además, sugiere que la elección de fiscales departamentales debería ser a través de ternas propuestas por las asambleas legislativas, para así evitar una dependencia jerárquica del fiscal general.
La eliminación de la oficina de análisis de denuncias es otra de las propuestas de Bravo, quien sostiene que este cambio facilitaría la transparencia en el inicio de investigaciones. Asimismo, sugiere que los delitos menos graves sean tratados como de orden privado, lo que permitiría al Ministerio Público concentrarse en casos más relevantes como el narcotráfico y la corrupción.
Las reformas sugeridas por Bravo se plantean en un contexto de crisis institucional. Con la reciente situación en el Ministerio Público, se reabre el debate sobre el control que se debe ejercer sobre los fiscales y sobre la manera en que deben ser designadas las autoridades departamentales, así como los plazos necesarios para que los procesos judiciales no se dilaten indefinidamente.
