Los productores arroceros han declarado una situación de emergencia y se oponen al Decreto Supremo 5676, que impone un precio diferenciado del diésel de hasta Bs 18 por litro para ciertos consumidores. Esta medida ha generado una preocupación creciente entre los agricultores, quienes ven comprometida su capacidad de siembra y producción.
La exgerente de la Federación Nacional de Arroceros, Ana Isabel Ortiz, alertó que el sector está "al borde del colapso" por las dificultades en el acceso al diésel, lo que imposibilita preparar los terrenos y cumplir con los tiempos de siembra establecidos. Según Ortiz, la reducción de áreas sembradas podría alcanzar un 30%.
La dirigente destacó que principalmente los pequeños productores están sufriendo las consecuencias de esta situación, ya que no pueden afrontar el nuevo precio del combustible. "No tienen los 18 bolivianos para pagar el litro y la situación en el mercado negro solo complica más las cosas", añadió.
Ortiz enfatizó que el problema no solo afecta a los productores, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. Bolivia necesita alrededor de 700.000 toneladas de arroz para satisfacer la demanda interna, y con el aumento en los costos de producción, que podrían llegar a 2.000 dólares por hectárea, el futuro es incierto.
Si bien Ortiz afirmó que el abastecimiento de arroz estará garantizado hasta finales de 2026 gracias a los inventarios en los ingenios, advirtió que es muy probable que en 2027 se produzca un desabastecimiento y un aumento en los precios de este alimento básico, que consumen el 90% de los hogares bolivianos.
El sector también ha enfrentado pérdidas significativas a causa de bloqueos y dificultades logísticas, afectando a unas 20.000 familias productoras en Santa Cruz y Beni, lo que ha derivado en pérdidas que superan los 40 millones de bolivianos. Sin acciones inmediatas, la disminución de la superficie cultivada podrá traducirse en una menor producción y un aumento en el precio del arroz en los años venideros.
