El Partido Demócrata Cristiano (PDC) se pronunció en favor de la intervención de Estados Unidos, argumentando que las acciones tomadas por Washington se enmarcan dentro de la iniciativa conocida como 'Escudo de las Américas', cuya finalidad es combatir el narcotráfico y la corrupción en América Latina.
Esta declaración del PDC llega tras el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la imposición de restricciones de visa a ciudadanos de varios países, incluyendo Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso de Bolivia, las restricciones afectan a fiscales, jueces, magistrados, un exministro de Justicia, un coronel de la Policía y otros individuos.
Entre los acusados se encuentra el fiscal general Roger Mariaca, quien ha sido señalado por el gobierno estadounidense de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a delincuentes a evadir la justicia. Sin embargo, Mariaca ha negado las acusaciones, exigiendo respeto por la soberanía de Bolivia y sus instituciones.
El Gobierno de Rodrigo Paz ha manifestado que buscará a EE.UU. información adicional que respalde estas acusaciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que estas denuncias podrían dar lugar a una investigación judicial en Estados Unidos, e incluso a una posible solicitud de extradición, aunque enfatizó que cualquier decisión recaerá en las autoridades estadounidenses.
La situación ha generado un intenso debate político en Bolivia sobre la cooperación internacional y los límites de la soberanía nacional. Mientras que Mariaca sostiene que la independencia del Ministerio Público no debe verse afectada por presiones externas, algunos sectores del Legislativo han manifestado la necesidad de revisar las evidencias presentadas por Washington antes de determinar responsabilidades.
