El 17 de septiembre de 2026, Estados Unidos intensificó su presión sobre el régimen cubano al sancionar a 11 entidades y funcionarios ligados a la industria del níquel y a las Fuerzas Armadas de la isla. Esta decisión fue tomada bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el expresidente Donald Trump, que bloquea los activos de estas entidades en territorio estadounidense y restringe sus interacciones con individuos y empresas de ese país.
El Departamento de Estado categorizó las sanciones en dos grupos: el primero incluye cuatro empresas dedicadas a la ingeniería, investigación y explotación minera en el sector del níquel; el segundo abarca cuatro organismos del ejército que se ocupan de investigación, producción tecnológica y capacidades navales.
Según Estados Unidos, el níquel es una fuente crucial de financiamiento para el gobierno cubano, y se acusa al régimen de utilizar estos ingresos para mantener su aparato militar. El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que estas sanciones buscan desmantelar un sistema que favorece a una élite militar corrupta a expensas del bienestar de la población.
El régimen cubano ha canalizado durante décadas todos los recursos de la isla hacia una élite militar estrecha y corrupta.
Entre las empresas sancionadas se encuentran: Serconi, especializada en servicios técnicos para la industria del níquel; Ceproniquel, que se involucra en proyectos de ingeniería y operaciones mineras; y Cediniq, que actúa como centro de investigación en el sector. También se incluyen tres altos oficiales del ejército cubano, como el coronel Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, entre otros.
