Desde su implementación en septiembre de 2017, las zanjas en la frontera entre Chile y Bolivia han sido vistas como una medida clave en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Estas estructuras surgieron bajo el gobierno de Michelle Bachelet con el propósito de frenar el tráfico de vehículos robados y el paso irregular de personas.
En 2026, Chile intensificó sus esfuerzos, profundizando algunas zanjas, especialmente en la zona de Colchane, para combatir aún más el contrabando. A pesar de estas medidas, desde Bolivia se ha manifestado un respeto por las decisiones de Chile en materia de seguridad.
Sin embargo, los contrabandistas no se detienen. Un informe reciente reveló que en abril de 2026, dos bolivianos fueron arrestados mientras utilizaban una retroexcavadora para rellenar una de las zanjas, intentando así reabrir un paso vehicular no autorizado. En junio, las autoridades chilenas destruyeron un puente clandestino construido sobre una de estas zanjas, argumentando que facilitaba el tráfico de productos y vehículos.
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran vehículos transitando por rutas que evitan los puntos de control. Según el informe, muchos conductores se apoyan en el conocimiento local de comunidades para navegar a través del altiplano y eludir las fiscalizaciones.
En 2025, Chile registró alrededor de 36.900 robos de vehículos, lo que equivale a aproximadamente 101 robos diarios. Parte de estos autos se sospecha que tienen como destino Bolivia, y hasta ahora, la Policía ha recibido informes sobre entre 10 y 15 vehículos robados que podrían intentar cruzar a territorio boliviano este año.
Recientemente, la cooperación entre las autoridades de ambos países resultó en la interceptación de siete camionetas de lujo, presuntamente robadas en Chile, halladas en una mina abandonada cerca de la frontera. Según la Policía, estos vehículos fueron ocultados allí debido a las dificultades de cruce hacia Bolivia.
Aunque se reconoce que las zanjas han ayudado a reducir ciertos pasos utilizados por organizaciones delictivas, desde DIPROVE se considera que no son una solución definitiva. "Es como poner un candado en una casa. Aunque no detiene por completo la actividad delictiva, sí la ralentiza", comentó un oficial.
